Pide CNC a Calderón que exija a Obama renegociar TLCAN



Ciudad de México, 2 de Julio.- La Confederación Nacional Campesina (CNC) pide al Gobierno Federal aprovechar el marco de la Cumbre de Norteamérica para pedir a Barack Obama, presidente de Estados Unidos; y a Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá, la urgencia de revisar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “por ser injusto para México”.

De cara a la “Cumbre de Líderes de América” que tendrá lugar los días 9 y 10 de agosto en Guadalajara, Jalisco y a la que asistirán el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper; Cruz López Aguilar, dirigente de la CNC, pide al primer mandatario del país, Felipe Calderón, que abogue y exija la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Y es que para Cruz López, el TLCAN, ha sido “injusto, inequitativo y depredador para México”.

A través de un comunicado, el dirigente campesino expuso que “Obama quiere cambiar el TLCAN en lo que corresponde al ramo laboral, pero México debe hacer lo suyo y adelantarse en su petición formal en lo que respecta al campo, ya que este acuerdo comercial ha provocado, en 15 años un desempleo mayor al 50% en la zona rural; una nula inversión extranjera directa en el campo; migración hasta de 600 mil productores por año y una dependencia alimentaria cada vez más alarmante”.

De acuerdo con la CNC, el capítulo agropecuario del TLCAN “estuvo mal negociado por el Gobierno Mexicano”, ya que aceptó un trato igual entre desiguales, y recordó que Canadá, que tiene un desarrollo económico en el sector rural cercano al de los Estados Unidos, excluyó de su negociación la leche.

En cambio, México –agrega-, aún con sus grandes asimetrías, no excluyó a ningún producto sensible, como son el maíz y el fríjol, entre otros.

Cruz López Aguilar aseguró, en reunión con productores de varios estados, que los Estados Unidos, no sólo no han cumplido este objetivo, sino que sistemáticamente se opusieron a la entrada del azúcar excedente de México.

Finalmente, Cruz López Aguilar, destacó que existen elementos jurídicos para renegociar el TLCAN como son la propia Constitución y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable lo establecen, además de que se puede recurrir a instancias internacionales.

Elizabeth Díaz, reportera

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Califica UNT de “hipócritas” a empresarios



Ciudad de México, 2 de Agosto.- La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) califica de “hipócritas” a aquellos empresarios que piden reducir las prestaciones sociales de sus empleados, con el objetivo de generar mayores empleos en el país.

Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado del llamado sindicalismo independiente, consideró que son unos “hipócritas” los empresarios que, bajo el pretexto de frenar despidos y contratar a mayor número de empleados, piden que se autorice disminuir las prestaciones de Ley que le corresponden a los trabajadores como son seguro social, Infonavit, prima vacacional, aguinaldos, repartición de utilidades, jubilaciones, etcétera.

Y es que a criterio del dirigente de la UNT y diputado Federal electo por el PRD, quienes en esta crisis y en otras, han padecido de los mayores estragos económicos, son los trabajadores que, en suma, sufren de un 70% de perdida en su poder adquisitivo.

“Primero que nada, a mi me parece una propuesta fuera de lugar, en un sentido hipócrita, porque si algo o alguien ha cargado con el costo de los ajustes, son precisamente los trabajadores a través de su salario.

“70% menos de su salario, un salario mínimo en 82, compraba 54 kilos de tortilla, hoy sólo cinco, entonces pretender ir por esa vía, me parece que es muestra de una insensibilidad absoluta y, por eso me parece que además me parece que su actitud antisindical, es reflejo fiel de lo único que quieren en jalar a su molino.

“Y cargarle a los trabajadores el costo de las políticas económicas, yo insisto, está fuera de lugar y creo que lo único que lograrían serían conflictos sociales y rechazo a sus propuestas”, advirtió.

En cuanto al recorte presupuestal por 50 mil millones de pesos a ejecutarse, en el transcurso de la próxima semana, por la Secretaría de Hacienda a todas las dependencias del Gobierno Federal, Hernández Juárez, consideró que es “una buena medida”, siempre y cuando, esa disminución de recursos, se le apliquen a los altos funcionarios en su gasto corriente, es decir, en sus “elevadas” prestaciones como son celulares, gastos de representación y hasta salarios.

“Obviamente, eso ayudaría, para mí está bien, pero si el Gobierno no pone el ejemplo, haciendo los recortes que se requieren, no creo que vaya a funcionar”, dijo.

En cuanto a la elección del Coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de diputados, de la cual, conformará Hernández Juárez parte de la 61 legislatura, el líder sindical admitió que en ese proceso no tiene “ni voz ni voto”, ya que su candidatura fue externa.

Elizabeth Díaz, reportera

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Denuncian agresión en Pasta de Conchos; 2 lesionados


Ciudad de México, 2 de Agosto.- El Sindicato Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, dio a conocer que en la mina de Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila, se suscitó un enfrentamiento, del que resultaron heridos una viuda y un minero, al pretender desalojarlos de la entrada del socavón carbonero, uniformados locales y “guardias” de “Grupo México”.

Los llamados “napomineros” dieron a conocer que el viernes por la noche, “de manera ilegal y violenta”, más de cien elementos de la policía del estado de Coahuila y “guardias” de “Grupo México”, trataron de desalojar el campamento de familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos, resultando lesionados un minero y una viuda.

Se informó que los heridos fueron la señora Rosa María Mejía y César Ríos, quienes han mantenido una protesta permanente a la entrada de la mina número 8, desde el pasado 19 de febrero del 2006, en demanda de que sean rescatados los 63 cuerpos de los mineros que siguen sepultados en ese socavón.

En entrevista, Javier Zúñiga, Secretario del Trabajo del Sindicato, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que dicho enfrentamiento representa “un nuevo atentado a la legalidad”, ya que los supuestos compradores de la mina “Pasta de Conchos”, no mostraron documentos de la supuesta “compra-venta que los acredite como los nuevos dueños de esa planta”.

Agregó que esa acción, tampoco hubo aviso previo de carácter judicial, a las viudas y deudos de los mineros muertos, de que “Pasta de Conchos” ya puede operar, con la figura de otros dueños, cuando en noviembre de 2007, fue la propia Secretaría de Economía, quien canceló la concesión otorgada a “Grupo México” y no ha anunciado la renovación de la misma, para otra empresa.

Ante esta situación, Zúñiga, aseguró que este nuevo “atentado” generará, en los próximos días, nuevas y masivas protestas del gremio, en todas y cada una de las minas del país, que podrían llegar a un “paro nacional”, ya que no se puede permitir la apertura de la mina, bajo la operación de otra empresa.

De acuerdo con los “napomineros” el nuevo propietario de “Pasta de Conchos” es, al parecer, Rogelio Montemayor García, quien se sabe que es hijo de Rogelio Montemayor Seguy, funcionario del salinismo, ex gobernador de Coahuila y ex director de Pemex, quien fue enjuiciado penalmente por desviar fondos de paraestatal para fines electorales, dentro del vergonzoso capítulo del “PEMEX-gate”.

En su oportunidad, Carlos de Buen, apoderado laboral del Sindicato, expresó que todas estas irregularidades, aunadas a la situación que prevalece en las minas de Cananea, Sombrerete y en la de Taxco, las harán del conocimiento del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama en su próxima visita a México, los días 9 y 10 de agosto, a través de una carta-protesta.

Los “napomineros” advirtieron que, al igual que los familiares de Pasta de Conchos, no claudicarán a su demanda de rescate de los cuerpos de los trabajadores mineros fallecidos; la indemnización digna y justa a viudas y deudos de los mineros fallecidos, así como el castigo a los responsables, directos e indirectos, de ese “homicidio industrial”.

Elizabeth Díaz, reportera

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Asegura “Juanito” haber recibido amenazas de muerte



Ciudad de México, 2 de Agosto.- El jefe delegacional electo en Iztapalapa, Rafael Acosta “Juanito”, asegura haber recibido amenazas de muerte, para que no deje ese cargo a Clara Brugada.

Integrará a Brugada como en la Dirección de Jurídico y Gobierno, para que cuando pida licencia, ella quede al frente de la demarcación

A menos de un mes de haber ganado la contienda electoral en Iztapalapa, en entrevista para Radio Trece Noticias, Rafael Acosta manifestó que después del triunfo obtenido en las elecciones del 5 de julio, por el Partido del Trabajo (PT), señaló: “La política es pesada, ya que te encuentras a los peores enemigos, te tienes que cuidar las espaldas. He recibido, después del triunfo, nueve amenazas de muerte, para que no renuncie”.

A pesar de ello, Rafael Acosta, miembro del PT desde hace apenas seis meses, ya sabe cual es el camino a seguir para que una vez que llegue el plazo, seda su lugar a Clara Brugada en la jefatura delegacional en Iztapalapa.

“La voy a mencionar ahora que yo arme mi equipo. Va a ser la compañera que esté en jurídico y gobierno, par que yo posteriormente cuando pida mi licencia, ella quede al frente de la delegación Iztapalapa”.

Hasta el momento, el jefe delegacional electo sólo ha tenido contacto con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, en dos ocasiones: el 5 de julio y el día de su cumpleaños, no obstante, espera que el trato que le den durante los 15 días que posiblemente dure en la jefatura delegacional, sea correcta, y sobre todo respetuosa.

César Rodríguez, reportero

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CARTONES








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convocatoria




FRENTE CÍVICO MEXICANO CONVOCA ESTE LUNES 3 DE AGOSTO 12:00 HRS EN EL ZÓCALO FRENTE A LA CATEDRAL PARA HACER UN MARATÓN PERMANENTE EN CONTRA DE LAS ALTAS TAFIRAS DE LUZ

Se refina en EU el crudo robado a PEMEX

Gracias a escritorcubamex por la cortesia involuntaria

Se refina en EU el crudo robado. La delincuencia organizada "exporta" combustible ordeñado de los ductos de Pemex. En operaciones de comercio exterior encubiertas, el petróleo llega en carros tanque a su destino: compañías refinadoras instaladas en el sur de Texas.

Hay evidencias también de que a través de los ductos que interconectan a México con la Unión Americana se hace fluir el crudo en tiempos previstos en las bitácoras de entrega de hidrocarburos, que se controlan desde el centro del país.


http://www.youtube.com/watch?v=1jqr_B-a4mU

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La miseria del sistema


Autor: Marcos Chávez

Todas las muertes son odiosas a los infelices mortales, pero ninguna es tan mísera como morir de hambre y cumplir de esta suerte el propio destino

Homero, La odisea


La Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2008 reafirma que la alternancia en el gobierno entre la derecha neoliberal priista y la ultra neoliberal foxista-calderonista sólo tuvo por objeto asegurar la continuidad de la revolución de los conservadores contra los pobres iniciada por Miguel de la Madrid. Que los trogloditas clericales azules sólo fueron los herederos de la peste neoliberal que, generosamente, ensancha cada vez más el número de náufragos y reduce el de los opulentos navegantes. De ese México donde la concentración de la riqueza en menos del 10 por ciento de las familias tiene como condición que otro 70 por ciento sobreviva en la miseria y la pobreza. Del modelo neoliberal socialmente excluyente y políticamente despótico que los priistas se preparan a retomar en 2012, con la bendición del bloque de poder, los reyes oligárquicos, la burguesía y los fachos pequeños burgueses y de la iglesia católica, toda vez que los panistas dejaron de ser sus fámulos confiables.

Los panistas se volvieron desechables. No porque Felipe Calderón haya traicionado a los grupos dominantes que lo encumbraron como lo hizo Manuel Zelaya, quien llegó al gobierno de la mano de la derecha bananera y, al final, mostró una mayor sensibilidad ante las necesidades del empobrecido pueblo hondureño y terminó aliándose al enemigo progresista latinoamericano, por lo que tuvieron que derrocarlo con el golpe de Estado, como la primera señal del nuevo ciclo de regímenes autoritarios que se atisba en el horizonte regional, patrocinado por Estados Unidos, que de esa manera, quiere poner un dique a los movimientos populares que buscan un cambio anticapitalista y recuperar el terreno perdido en sus antiguas colonias.

En ese sentido, el bananero Calderón, como Fox, es fiel a las elites que lo encumbraron. La encuesta citada lo respalda. Ha hecho lo necesario para mantener inalterada la inequidad del ingreso, la brutal concentración del ingreso, una de las peores del continente y uno de los fundamentos de la acumulación capitalista neoliberal. Con el estrepitoso derrumbe del modelo iniciado en 2008 prefirió que su mandato quedara sepultado entre los escombros, antes que conmoverse ante la tragedia de las mayorías, agobiadas por el desempleo, la pérdida del poder de compra de los salarios reales o la cuerda que los usureros de la banca aprietan impíamente sobre el cuello de los deudores. No se dejó seducir por los cantos de las sirenas keynesianas que pedían arrojara al basurero de la historia el catecismo monetarista y desempolvara el salvavidas anticíclico, promotor de la demanda, el empleo, los salarios y el gasto público. Al contrario, recortó los apoyos a los pobres y compensó las pérdidas o la reducción de las ganancias de la oligarquía. En la histórica lucha de clases por la distribución del ingreso nacional, agravada en épocas de crisis, cuando se destruye la riqueza y se reduce el excedente económico, Calderón no ha desertado de su puesto. Por ello, el 20 por ciento de las familias ubicadas en la cúspide social había mantenido su participación en el ingreso en 2006 y 2008, a costa de la pérdida del 80 por ciento restante, sobre todo del 20 por ciento hundido en las catacumbas de la pirámide, los pobres entre los pobres y los miserables.

Más aún, hizo suyas otras banderas del proyecto de nación de la derecha y sus fachos, que braman por el establecimiento del “orden” y la “seguridad” con la mano dura y la pena de muerte, al sacar a los militares a las calles para enfrentar a aquellos a los que el sistema no les ofrece nada, los excluye, los arroja a la delincuencia como única forma de supervivencia. En lugar de ofrecerles una mejor expectativa de vida, con empleos estables y dignos, mejores salarios y beneficios sociales, les brindan las opciones de la pasiva miseria, la inanición voluntaria, la cárcel, una dosis de plomo, la muerte. El oprobioso encarcelamiento de Jacinta, indígena otomí, simboliza la vileza del sistema en contra de 80 millones de mexicanos. También encabeza la profundización del desmantelamiento de las conquistas sociales, incluyendo entre ellas el derecho legítimo de la mujer para abortar, como exigen los jerarcas católicos, protectores de pederastas, pontificadores de golpistas, espléndida y anticonstitucionalmente lubricados con el presupuesto por los panistas. Todo con el apoyo de los priistas-beltronistas-paredistas y sus caciques, los mercaderes de los verdes y de la Gordillo, y perredistas chuchitas que como Jesús Ortega, se postraron ante los príncipes de la iglesia católica –su respaldo su campaña a favor de la muerte de las mujeres que abortan– y las elites.

El problema de Calderón es que se volvió socialmente impresentable. Los panistas quisieron legitimar en las elecciones de 2009 su ilegitimidad de 2006. Y los votantes le pusieron por segunda vez los clavos a su ataúd político. Apestan. Como los priistas en 2000. Incluso ahora enfrenta la rebelión en la granja por su absolutista anhelo de imponer al famélico César Nava como líder panista. No es que los priistas hayan purificado su nauseabunda imagen, simplemente que las elites no tienen otra opción para tratar de domeñar el cataclismo del descontento social, de evitar el triunfo presidencial de alguien que, eventualmente, pueda afectar su proyecto de nación, sus intereses, el presidencialismo bicéfalo que pretenden consolidar. Y la hedionda grey priista, liberada del fardo ideológico del nacionalismo y la “Revolución Mexicana”, abrazada a los caros ideales de la derecha, ejerce su oficio político como generosa hetaira, dispuesta a complacerlos en todo. El inescrupuloso cogobernante Manlio Fabio ayuda a clavar sádicamente una y otra vez la daga antisocial y neoliberal a los mexicanos. El encopetado mexiquense Enrique Peña suspira en convertirse en el histrión trágico, el presidente de utilería de los Salinas (de Gortari y Pliego), los Azcárraga y demás déspotas orientales. Sin embargo, tendrán que sortear los perros que les soltará Calderón, en su agónico intento porque la ultra retenga la Presidencia en 2012. La lucha será cruenta entre esos partidos de pírrica legitimidad –su votación apenas fue de 16 por ciento y 12 por ciento del total del electorado–, tan acreditados como el desacreditado sistema.

Pero que Fox y Calderón fueron cumplidores, lo fueron. Imposible regatearle méritos a los machos de la clerical política arrabalera. La derecha neoliberal priista, De la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, destruyó la mejoría en la distribución del ingreso de los priistas “populistas”. Entre 1977 y 1984 había mejorado la participación del ingreso nacional del 60 por ciento de la población ubicada en la parte baja de la pirámide social, a costa de una parte de los sectores medios y la burguesía y la oligarquía, el 40 por ciento restante. Ello les motivó a conspirar, con los yunquistas de ese tiempo en la línea de fuego, como hicieron sus homólogos genocidas golpistas de Chile, Argentina, Uruguay y otros países latinoamericanos en las décadas de 1970 y 1980, y ahora en Honduras o Argentina. Los panistas mantuvieron la inequitativa distribución del ingreso.

Del total de los hogares, 26.7 millones, que involucran 106.7 millones de mexicanos contabilizados en 2008, el 10 por ciento (2.7 millones y 10.7 millones en cada caso) concentra el 36.7 por ciento del ingreso total nacional o el 37.1 por ciento del monetario, equivalente al percibido por el 70 por ciento de los ubicados en la parte baja de la pirámide social, es decir, de 18.7 millones de familias o 74.5 millones de personas. Pero los últimos datos son engañosos, porque incluyen a personas que perciben más de ocho veces el salario mínimo (SM), por encima de 13 mil pesos mensuales, monto que, por ejemplo, supera en al menos seis veces una minoría parasitaria de la sociedad, digamos un congresista, sólo en su ingreso directo o al menos 10 veces un alto burócrata. Un profesor universitario, un médico o muchos profesionistas obtienen esas percepciones.

Sin embargo, no pueden considerarse como parte de aquellos que realmente concentran la riqueza y se sienten dueños del país. Sin duda que les gustaría. Pero aún existen las clases sociales. No son iguales a Slim, Salinas Pliego, Azcárraga o Servitje, la verdadera oligarquía que debe estar conformada por menos de 1 mil familias, ni la mitad del 1 por ciento del total de los hogares. Ésos que han acrecentado sus fortunas con la especulación de precios y financiera, los subsidios fiscales, la reducción de impuestos, la ingeniería tributaria (evasión y elusión de impuestos) y otros mecanismos legales e ilegales. Pero sobre todo, la acumulación de su capital, en México y en el mundo, se fundamenta en la pobreza y la miseria del resto de los mexicanos. Ése es el motor del capitalismo. Sus ganancias se basan en los salarios de hambre que les pagan a los trabajadores, en el recorte de las prestaciones sociales, en la inestabilidad laboral. Por ello les pone furioso y promueven golpes de Estado ante cualquier pretensión de redistribuir el ingreso más equitativamente o, peor aún, de acabar con la propiedad privada de los medios de producción.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, entre 2006 y 2008 el ingreso medio nacional se redujo 1.2 por ciento. Hasta ese momento, ese 10 por ciento de las familias no había sido afectado, porque su participación en el total aumentó de 35.68 por ciento a 36.26 por ciento. Otro 20 por ciento de los hogares, parte de los sectores medios, tampoco mostraba problemas. El segundo decil (que gana 7-8 veces el SM) mejoró su participación de 15.84 por ciento a 16.13 por ciento, y el tercero (que percibe 6-7 veces el SM) de 11.61 por ciento y 11.68 por ciento. Los datos citados confirman lo dicho hasta la saciedad: el neoliberalismo sólo es ideal para 2.7 millones de hogares, 10.7 millones de personas, y en menor medida para otro 10 por ciento. En total para 5.4 millones y 21.4 millones, respectivamente.

El bienestar de aquellos depende de la miseria y la pobreza de las 21.4 millones de familias restantes, 85.3 millones de personas; el 80 por ciento de la población total. El 70 por ciento registró un deterioro en su participación del ingreso nacional (ver cuadros anexos).

La única industria boyante del neoliberalismo es la fabricación de indigentes, pobres y delincuentes. Se ha señalado que con el colapso se sumaron al menos otros 6 millones de personas más al infierno de los pobres, debido entre otras razones a la disminución de las remesas y el menor gasto público social. Esto es cierto. Al menos el 30 por ciento de las familias, alrededor de 32 millones de personas, complementan sus ingresos con las remesas enviadas por los trabajadores expulsados del país por el modelo económico neoliberal y que ahora resienten la recesión estadunidense. También de las dádivas asistencialistas oficiales que ha generado que varios millones de mexicanos dependan del presupuesto, que sean manipulados políticamente y que su depauperado nivel de vida esté atado a las precarias finanzas públicas. La crisis de la influenza desnudó las miserias calderonistas: el colapso del sistema de salud y el desastre de la infraestructura educativa. Los infantes calcinados en Sonora descubrieron el desastre de las prestaciones sociales.

Pero las remesas y el asistencialismo sólo son sucedáneos. Las causas de la miseria y la pobreza están directamente asociadas a la principal fuente de ingresos de las mayorías: el salario real y las prestaciones sociales, determinadas por la estabilidad laboral y el gasto social para compensar la insuficiencia de ingresos. Y esos factores han sido sacrificados por los empresarios y el gobierno. Los primeros para mejorar su “productividad”, “competitividad” y rentabilidad; el gobierno, para asegurar esos beneficios empresariales, para reducir la inflación y atraer la inversión extranjera. Todo forma parte del mismo esquema: la concentración del ingreso y la riqueza sólo es posible con la pobreza y la miseria.

Modificar ese esquema implica cambiar de modelo. Pero no es suficiente. Aunque se instrumente un capitalismo que, a diferencia del salvaje neoliberalismo, se preocupe por el bienestar, no elimina las raíces del problema: la explotación del trabajo asalariado por el capital. Erradicarla implica enterrar el capitalismo. Los movimientos sociales tienen como ejemplo las experiencias de los gobiernos progresistas de América Latina. Ellos se han preocupado por atender las necesidades sociales de las mayorías. Pero la polarización social subsiste. Los procesos electorales no ofrecen esa salida. Tendrá que ser por otras vías antisistémicas.

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Zelaya abandona frontera de Nicaragua y alista viaje a México


Ocotal, Nicaragua, 2 de Agosto.- El derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, abandonó de manera repentina la ciudad fronteriza de Ocotal, donde sus seguidores comenzaron a recibir entrenamiento, para preparar en Managua su próximo viaje a México, informó este domingo una fuente cercana.

Miembros del equipo de seguridad informaron a la AFP que Zelaya, partió de Ocotal la misma noche del sábado, tras visitar a unos 200 partidarios que han sido vistos por la prensa recluidos en albergues de esta ciudad.

Durante su fugaz visita a Ocotal, 300 km al norte de Managua, Zelaya confirmó que sus seguidores, la mayoría hombres, comenzaron el viernes a recibir “capacitación y entrenamiento” con miras a conformar un “Ejército popular pacífico” en esta ciudad, ubicada a 28 km de la frontera con Honduras.

Zelaya tiene previsto viajar el martes a México, para analizar con el presidente Felipe Calderón la reactivación de la mediación que encabeza el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, con el propósito de revertir el golpe de estado que lo sacó del poder el pasado 28 de junio.

AFP

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Cuba y la Construcción de la Resistencia


Por Melchor López

Con música de protesta/guapachosa/sonera como preámbulo se dio la charla “Cuba: 50 años construyendo un mundo mejor” por Melina González, en la sede de la Escuela de Cultura Popular (ECP) el pasado fin de semana ante un público ávido de saber qué ha sucedido a más de cinco década del asalto al cuartel Moncada e inicio de la Revolución Cubana.

Melina González, integrante del Comité de solidaridad con Cuba y pedagoga por la UNAM inició con un recuento histórico y cuestionando “¿por qué es importante esa lucha? Y la trascendencia de conocer la causa y lo que representa para las luchas revolucionarias” de la región. En su momento refirió a Fulgencio Batista como una de las figuras de las diferentes dictaduras, así como los golpes de estado en Cuba y las leyes internacionales, principalmente de Estados Unidos, aplicadas a los cubanos como la Enmienda Platt , que tiene que ver con la ocupación militar norteamericana en la isla en 1899 a 1902.

Una de las características de la revolución fue su matiz “estudiantil, urbano, campesino, popular, de todos los sectores de la población”, dijo la simpatizante de la OPC- Cleta e instructora del Taller de filosofía para niños en la ECP. Varias fueron las interrogantes que desglosó: “¿Es o no una dictadura? ¿Hay elecciones? ¿Qué programas económicos y sociales ha hecho? ¿Por qué se le ha catalogado como un gobierno represor?”. Aquí dos de las interrogantes que le formularon a Melina González los asistentes:

—¿Se viola los derechos humanos en Cuba?

—La discusión de los derechos humanos —explicó— es un arma que usan los grandes medios de comunicación para denostar la revolución cubana. Uno de los ataques es porque no hay libertad de prensa, pero eso obedece a que sólo hay un órgano de propaganda de la revolución, el Granma (nombre del periódico, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba). Pero no hay que perder de vista que está la contrarrevolución que son Radio y Televisión “José Martí”, medios que intentan formar terroristas y señalar mentiras en la población.

Melina González plantea: “¿Por qué dar voz al enemigo? Existe una disidencia, tiene reuniones, no se les mete a la cárcel”. Pero en Cuba, afirma, no se difunde “que no hay analfabetismo, ni desnutrición”, no hay que olvidar que “esta en construcción la resistencia”. Y que se tiene acceso gratuito a la educación y a la salud; se les da todo: medicinas, atención. En la educación se cubre, incluso, la alimentación; se garantiza el proceso, desde el inicio hasta que egresan”.

—¿Qué tanto ha crecido el desencanto de las nuevas generaciones?—, preguntó Machetearte.

—No tienen que ver tanto con un desencanto sino con una descomposición social que sucede cuando se cae la URSS y se entra en una recesión; el 89% de la importación de Cuba se muere; no hay jabón, ni zapatos. Sólo la producción de caña. Se cambiaba caña por petróleo en un trato solidario y con ello se mantenía la economía de Cuba, pero desaparece la URSS y se derrumba toda esa entrada de dinero, de facilidades de vida. Y el bloque de EU hacia la isla se resiente. Y entra la idea de la inversión privada, extranjera en Cuba, pero no tan salvaje como en nuestro país.”

Además, matiza, se cuestiona “si es capitalismo o no. Pero a partir de estas condiciones se da, entre otros hechos, la corrupción de la economía. No la corrupción del dinero sino de vicios ajenos a la revolución. Y en esta época a la generación de jóvenes no le tocó vivir un antes ni un después de la época revolucionaria. Sólo vive el periodo especial de 1999. Esta nueva generación no vivió la pobreza de antes de la revolución, ni tiene todos los beneficios después de ella y lo que le toca es vivir el periodo especial”.

Por otra parte, “los cubanos que llegan de manera ilegal a los EU se les garantiza la vida y la ciudadanía. Son los únicos emigrantes ilegales que tienen las puertas abiertas en Norteamérica”. La vida de los cubanos en EU frente a los que viven en Cuba, son muy contrastantes y esto lo “ven las nuevas generaciones. Y hay un cuestionar a la revolución cubana hacia si misma. Con los jóvenes no hay un desencanto sino una descomposición social por la crisis tan grande”, subrayó.

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Atenco: ni perdón ni olvido ni silencio



Autor: Álvaro Cepeda Neri

“Los días 3 y 4 de mayo de 2006 un operativo policiaco, ordenado por los gobiernos federal, del Estado de México y el municipal de Texcoco, contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que apoyaban el derecho al trabajo de floristas locales, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia reciente de México.

“El operativo gubernamental dejó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres violadas y abusadas sexualmente, torturas y cateos ilegales. Desde entonces se han acumulado irregularidades jurídicas escandalosas, que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos, con condenas injustas como la impuesta a Ignacio del Valle, por 112 años de prisión; a Felipe Álvarez y Héctor Galindo, por 67 años, y a otras nueve personas: Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales, que han sido sentenciados a 31 años, once meses y 15 días de prisión.

“Cabe mencionar que América del Valle y Adán Espinosa Rojas se encuentran en condición de perseguidos y que 52 personas siguen en proceso judicial, aunque en libertad”. (Manifiesto Libertad y Justicia para Atenco, La Jornada, 4 de mayo de 2009).

Atraído el problema judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de los 11 ministros, una vez más –como en Puebla, con Mario Marín y en Oaxaca, con el perverso Ulises Ruiz– entró en sus ya constantes complicidades con los abusos del poder, sobre todo si es el presidencial y de los desgobernadores que tienen derecho de picaporte con ellos.

Los arreglos se hacen a través de sus gestores ante los secretarios de estudio y cuenta, incluso, directamente con los ministros, para que en el dramático caso de Atenco ni siquiera se mencione a Vicente Fox. Para colmo, al no imputar responsabilidades, jurídicamente absolvió de ellas a Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo, Abel Villicaña y Miguel Ángel Yunes, funcionarios federales y del Estado de México, en lugar de abrirles juicios penales y solicitar el juicio político.

Los seis, encabezados por Fox y Peña Nieto, están amparados por la impunidad del sistema presidencialista, intocable en su abuso del poder y que permanece, en manos de los panistas, como en los peores sexenios del priismo.

Por ello, las dos alternancias fallidas ejercen (porque el calderonismo y su manu militari son la continuidad del foxismo) muy arbitrariamente las facultades otorgadas por los legisladores, para desmantelar los derechos humanos en el contexto nacional que anuncia “una noche polar de una dureza y una oscuridad heladas, cualesquiera que sean los grupos que ahora triunfen”, que puede abortar el amanecer de un golpismo militar.

Y es que en cada represión a los ciudadanos –cuando plantean peticiones y manifiestan protestas, conforme a sus derechos constitucionales, para criminalizarlos y donde el aparato judicial encubre a presidentes municipales, gobernadores y al propio presidente de la República– triunfa la impunidad.

Ya son muchísimos los hechos de abuso del poder que generan injusticias, como la de Atenco, que sólo han dejado –en ese callejón sin salida, donde se ha interrumpido la vigencia de la Constitución y su observancia– que el pueblo corte de tajo el nudo de la corrupción política con su “inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

A la brutal violencia gubernamental, la complicidad de los tres poderes federales y sin ninguna instancia para cuestionar las decisiones del presiente de la República, de gobernadores y legisladores, cuyo factor común de la impunidad es la Suprema Corte y sus tribunales, no hay otra opción que la Nación aproveche las fiestas del bicentenario y del centenario para hacer valer su malestar social.

Éste plantea la alternativa de reforma política de fondo democrática y republicana del Estado o como ya tenemos gobernantes contrarios a los principios constitucionales, siendo un “gobierno emanado de la rebelión”, entonces deshacernos de ellos y someterlos a juicio político para restablecer la observancia constitucional.

Lo de Atenco es, como lo sucedido en los últimos cinco sexenios derechistas (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón), tras el genocidio del 68 por el díazordacismo, más que suficiente para retomar la demanda de Hidalgo contra el mal gobierno, en la revolución de independencia; la de Juan Álvarez, en la revolución de Ayutla, para solicitar el restablecimiento de la política legal y legítima de la democracia y restauración de la república; y, la de Madero, Zapata y Villa, en la revolución campesina-obrera, para echar abajo a los malos gobernantes que han revertido las conquistas de 1810, 1954 y 1910.

Son muchísimos los Atenco por todo el país. A pesar de la moda por enaltecer los derechos humanos, las evaluaciones internacionales (como el reciente reporte de la Human Rigth Watch) y las investigaciones de organismos no gubernamentales mexicanos concluyen que los mexicanos más pobres, los trabajadores, campesinos, indígenas y quienes se atreven a manifestar su indignación o protestan contra los abusos del poder reciben más agresiones y remitidos a las instancias judiciales en lugar de impartirles justicia; son desaparecidos (hay miles de ellos) y declarados responsables para sancionarlos draconianamente.

Lo de Atenco fue la manifestación del despotismo sangriento de Fox y Peña Nieto, pisoteando el artículo 9 constitucional y, con la complicidad de la Suprema Corte sesionando en Pleno, cancelar el derecho a reunirse pacíficamente para protestar contra los actos de autoridad-autoritaria, como sucedió en Atenco.

El desgobernador Peña Nieto –que aspira a la candidatura presidencial, y de obtenerla, con fraude electoral, como Fox y Calderón– se convertiría en un nuevo Díaz Ordaz, con una notoria diferencia: ante la fealdad del rostro díazordacista, el ya clasificado como galán por las revistas del chisme social y del “corazón” sufriría la transformación de la bestia en un príncipe con el título del más Bello.

Su imagen de belleza está manchada por la sangre de quienes padecieron la embestida policiaca, sufren encarcelamiento y el homicidio del que fuera estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea Hernández. Suficiente hechos penales para, al menos, destituir a Peña Nieto y sentenciarlo a cadena perpetua. Los tribunales mexicanos lo han absuelto y vive en la impunidad, hasta que las gestiones de llevarlo a la Corte Penal Internacional logren su enjuiciamiento.

Mientras tanto, ni silencio ni olvido, a la espera de que tampoco y mucho menos impunidad para Peña Nieto y sus cómplices de la cúpula del poder que ordenaron la salvaje represión de Atenco.

cepedaneri@prodigy.net.mx

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América Latina golpes de Estado en puerta



Autor: Nydia Egremy

Al no resolver la pobreza ni la dependencia externa, los gobiernos civiles de América Latina –sobre todo los que relevaron dictaduras– enfrentan dificultades en materia de seguridad y defensa. El empleo de las fuerzas armadas en tareas civiles aumenta el riesgo de futuros golpes de Estado, previenen analistas y exfuncionarios militares de la región

Patrullajes en caseríos, pueblos y ciudades, vigilancia aérea, instalación de retenes en vías principales o alternas, combate a delitos trasnacionales, como tráfico de sustancias ilícitas, de personas, armas y bienes robados, captura de delincuentes prófugos, allanamiento de viviendas o el registro a pasajeros en transportes, figuran entre las acciones que, progresivamente, realizan los ejércitos latinoamericanos y que suplantan cada vez más las funciones propias de las fuerzas policiacas en la región.

En ese contexto, la primera década del siglo XXI “será recordada, desde el espejo retrovisor del futuro, como un periodo en que las tendencias militares retomaron fuerza y trascendencia en América Latina”, advierte Craig A Deare, profesor de estudios de Seguridad Nacional del Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, DC.

En su estudio La militarización en América Latina y el papel de Estados Unidos (Foreign Affairs, septiembre 2008), desde el lado de las fuerzas armadas, Luis Eduardo Tibiletti, exsecretario de Seguridad Interior de Argentina, explica que, para los militares de Suramérica, “el enemigo es el conflicto, y las fuerzas castrenses se consideran honrosamente instrumentos para la paz”.

Frente a esa afirmación, Michal Stelmach, investigador de estudios latinoamericanos de Varsovia, señala que es difícil demostrar la democratización de los ejércitos en la región. Después de la firma de los Acuerdos de Paz –hace 12 años–, que proponían la reforma de fuerzas de defensa de Guatemala y su integración y diálogo con la sociedad civil, especialmente los indígenas, no se han llevado a cabo muchas recomendaciones que elaboraron las comisiones de la verdad de aquel país.

Para este profesor polaco, “es notoria la falta la subordinación militar a los poderes democráticos, al Poder Ejecutivo y a la administración de la justicia”. Adicionalmente, tanto el ejército guatemalteco como el peruano están muy lejos de asumir un rol apolítico y no beligerante, porque “aprovechan la debilidad de sus Estados, con lo que siguen ejerciendo presión sobre todas las instituciones”.

De acuerdo con el estudio comparativo de los ejércitos de Guatemala y Perú que hace Stelmach, los cuerpos castrenses son un actor político muy poderoso, más aún cuando se les incorpora a funciones de seguridad pública. En ese contexto, resulta sumamente difícil que en un futuro próximo los militares de ambos países que fueron responsables de violaciones a los derechos humanos durante los conflictos internos de las décadas finales del siglo XX sean llevados ante la justicia.

Es decir, sintetiza el investigador, quienes organizaron y llevaron a cabo las matanzas, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas contra los ciudadanos guatemaltecos y peruanos quedaron sin castigo y, a la vez, las Fuerzas Armadas continúan con su política racista contra los indígenas.


Insubordinados

Los ejércitos de los países que vivieron bajo las dictaduras militares en la segunda mitad del siglo XX mantienen su doctrina prácticamente intocable, a pesar del arribo de gobiernos civiles y del fin de la llamada Guerra Fría. En opinión de Julián González Guyer, quien coordina el programa de Seguridad Regional, Fuerzas Armadas Política y Sociedad en Montevideo, Uruguay, es necesario desmitificar lo que ocurre con el ejército de su país, considerado hasta ahora como una “fuerza armada ejemplar bajo una democracia ejemplar, pues tiene una larga historia de represión militar”.

En Uruguay existió un “cogobierno” entre las fuerzas armadas y el gobierno civil en turno, emanado ya fuera del Partido Colorado o del Partido Blanco, asegura González. “La sociedad uruguaya se caracteriza como un actor ausente porque existe un gobierno central caracterizado también como un Estado partidocrático”, y en esa lógica el ejército uruguayo tuvo la misión de defender al país frente a toda amenaza externa. En los hechos, el ejército asumió –y aún ahora que gobierna el Partido Amplio de Izquierda– el papel no explícito del control interno, pues en cada uno de los 19 departamentos en que está dividido el país existe, cuando menos, un batallón cuya misión es, de acuerdo con el investigador, “aplacar cualquier levantamiento”.

Este nuevo rol del ejército, que le fue asignado por el poder político (Ejecutivo y Legislativo), obedece a que las amenazas contra la seguridad interna superaron a la policía; entonces el ejército, con ese nuevo poder, adquirió una gran autonomía que sólo se acota cuando se trata de ascender. En ese caso, el Ejecutivo decide qué oficiales serán generales, pues, de acuerdo con Julián González, “lo que pretende el presidente es tener un cuerpo de generales que le sean personal y políticamente fieles”.

A finales de la dictadura uruguaya, en 1985, hubo un pacto entre las nuevas autoridades civiles y el ejército; aunque, señala el entrevistado, “no se sabe qué más privilegios se negociaron y qué concedieron a cambio el Partido Colorado y el Partido Blanco”, los militares se subordinaron al poder civil; sin embargo lograron mantener vínculos importantes con los políticos a quienes recurren para lograr un ascenso.

Gracias a la gran autonomía de que gozan los mandos castrenses uruguayos, logran administrar totalmente su presupuesto y, también, se mantienen a salvo de toda investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura que contempla la “ley de impunidad”.

Recursos plenos

Con el retorno de los regímenes civiles y el fin de la confrontación político económica entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, el tamaño de los presupuestos de las fuerzas armadas de todo el planeta se redujo sustancialmente. En América Latina, muchos de los ministros de defensa fueron designados por presidentes, y en los equipos de los ministerios castrenses se integraron cada vez más civiles profesionales que cursaban estudios en las instituciones militares.

Asimismo, se eliminó, en gran parte de los países de la región, la conscripción obligatoria y, paulatinamente, conforme los sistemas políticos lo permitían, la estructura de las fuerzas armadas se hizo cada vez más transparente a través de los llamados libros blancos, en los que también figuraban las asignaciones presupuestales, que comenzaron a discutirse abiertamente en las comisiones legislativas que hacen efectiva la “rendición de cuentas” que los gobiernos civiles prometieron a sus ciudadanos contra la discrecionalidad militar que permeó durante largas décadas.

Por esa razón, ahora es posible conocer la asignación presupuestal para cada ministerio de defensa, tal como lo muestra el estudio comparativo entre el presupuesto de defensa respecto del Producto Interno Bruto (PIB) que en 2008 realizó la organización no gubernamental Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Este estudio exhibe la creciente importancia de los cuerpos castrenses en la vida de los países.

Por ejemplo, el año pasado la Secretaría de Defensa de México dispuso de 4 mil 706 millones 150 mil 462 dólares, que equivalen al 0.5 por ciento del PIB (949 mil 576 millones de dólares), contra un presupuesto estatal de 173 mil 350 millones 821 mil 168 dólares. En contraste, el ejército brasileño dispuso de un presupuesto de 26 mil 202 millones 709 mil 813 dólares, que corresponde al 1.62 por ciento del PIB del gigante suramericano, que es de 1 billón 621 mil 274 millones de dólares.

El presupuesto de defensa de Colombia, por 6 mil 4 millones 957 mil 107 dólares, representa el 2.97 por ciento del PIB de esa nación, que totalizó 202 mil 437 millones de dólares. Otro presupuesto de defensa importante es el de Chile, de 4 mil 471 millones 52 mil 664 dólares, equivalente al 2.63 por ciento de su PIB.

El presupuesto de defensa de Nicaragua fue de 42 mil millones 191 mil 833 dólares, y significó el 0.65 por ciento del PIB, que fue de 6 mil millones 523 mil dólares.

Al respecto, el analista Gustavo Sibilla apunta, en su estudio sobre los presupuestos militares en América Latina, que dados los “intrincados recursos y procedimientos secretos” que intervienen en la elaboración de los presupuestos militares hasta nuestros días, la información sobre estas cifras siempre es general, nunca puntual.


Ejército como policía

En Brasil, el país latinoamericano de mayor extensión, conviven la Policía Militar y la Policía Civil; la primera nació desde el siglo XIX con la vocación de “civilizar y extenderse” en todo el territorio, de acuerdo con Regina Martins de Faria de la Universidad Federal de Marañón de aquel país. Desde entonces hasta el siglo pasado, el ejército intervino en las regiones más remotas del país –como la zona de Pará– con esa misión “civilizadora” en la que también perseguía a los quilombos (esclavos cimarrones) que “constituían un peligro” para la naciente república.

A fines de 1960, el gobierno brasileño decidió construir la carretera BR-316, que buscaba integrar a la zona de la Amazonia al resto del país. Pero el batallón de infantería y de construcción del ejército no encontró la veta del material necesario (pizarra) para llevar a cabo esa misión. Con ese fracaso, según la doctora Martins, los militares del siglo XX “apagaron los vestigios materiales de la misión que sí lograron sus antecesores en el siglo anterior”.

Aún con ese fallido acto, en octubre de 2008 el ejército brasileño y la policía de la zona de Misiones en Argentina decidieron emprender una operación internacional simultánea para contener los delitos que se cometen en la frontera. Ambas fuerzas formaron el operativo Frontera Sul II, al que se sumaron a la brigada militar, así como a organismos de seguridad pública: la Policía Federal, la Policía Ferroviaria Federal y la Policía Civil, entre otros. Este operativo se desplegó sobre el río Uruguay y del lado argentino, la Policía de Misiones destacó a efectivos de las unidades Regional II Oberá, VI Alem y VII San Vicente a lo largo de 250 kilómetros.

Las misiones de los participantes binacionales del operativo Frontera Sul II comprendieron: adiestramiento de tropas en el combate a los “delitos transfronterizos y ambientales, acciones cívicas sociales, recolección de alimentos y ropas, charlas, asistencia médico-odontológicas y obras en establecimientos educativos” de la región noroeste y Alto Uruguay. Simultáneamente, se llevaron a cabo patrullajes y controles sobre rutas, así como la instalación de puestos fijos de forma conjunta con la Brigada Militar, como describió entonces el general de brigada Geraldo Gomes de Mattos Filho.

Fue precisamente en enero de ese año cuando los gobiernos de México, Colombia, Guatemala y Panamá anunciaron públicamente su decisión de discutir la posibilidad de emprender planes conjuntos de seguridad. Una vez que los mandatarios de esos países se reunieron en la capital panameña, se informó que se crearía un mecanismo común contra la delincuencia transfronteriza y la violencia que ésta acarrea, “por la escalada del narcotráfico y el crimen organizado”, y que según la agencia española EFE tendría la participación activa de los ejércitos de esos cuatro países, así como de sus respectivas policías nacionales.

Esos dos ejemplos permiten traer a cuenta la advertencia de Craig A Deare en su análisis de septiembre de 2008, cuando previó que en el contexto de la creciente amenaza que representa el poder económico y de fuego que detenta la delincuencia organizada no es posible justificar la debilidad de los gobiernos para enfrentarla, pues esa incapacidad para equilibrar de modo eficaz la dinámica del desarrollo y la seguridad determina la creciente militarización en América Latina.

Deare concluye: “Frente a esa ineficacia de las autoridades civiles, podría resultar un nuevo ciclo de intervenciones militares”, no porque así lo quieran los militares, sino porque en la región esas presiones de golpes (de Estado) provienen de otros sectores de la sociedad “inconformes con el pasado y con las posibilidades del futuro”.

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Crisis, Aun Falta lo Peor



Por Eduardo Ibarra Aguirre

Sudoroso y cabizbajo es la imagen que recogió el fotógrafo José Antonio López del secretario de Economía que pretendió vender a los legisladores y la opinión pública que la crisis económica está “tocando fondo”, que “hay signos de que pasó lo peor”.

Más aún: “Se entra ya en la recuperación” de la economía porque de mayo a junio se produjo crecimiento. El dato duro en que basó Gerardo Ruiz Mateos su optimismo verbal fue el mismo que proporcionó, hace una semana, su jefe y amigo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa : subió el consumo de energía eléctrica. Dicho sea de paso, está en curso un movimiento social de grandes dimensiones por los abusos en las tarifas que arbitrariamente incrementa la Comisión Federal de Electricidad y los constantes cortes del servicio por Luz y Fuerza del Centro, motivo por el cual estas líneas fueron enviadas tardíamente.

Está por los suelos la credibilidad del ingeniero industrial, “especializado en economía y finanzas”, mismo que saltó a la fama porque sin que nadie se lo pidiera declaró incapaz al gobierno para tomar cualquier medida frente a la tormenta financiera que caía sobre la aldea global, mientras sus efectos no cayeran devastadoramente sobre México.

La comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, a pesar de que fue esperada durante 40 días, ofreció tan pocas nueces, que los diarios remitieron la nota a las últimas páginas.

No es recomendable ser injustos con el egresado del Tecnológico de Monterrey, pues como coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de la Presidencia de la República , destacó por realizar las delicadas tareas de llevar personalmente y por escrito las decisiones de Calderón Hinojosa sobre la presunta asignación de contratos de Petróleos Mexicanos, de acuerdo a la muy censurada y hostigada revista Contralínea .

Un último dato que proporcionó a los legisladores este improvisado funcionario, fue que de enero a junio de 2009 sólo se perdieron 258 mil puestos laborales formales y se lograron “salvar 1.1 millones”. Por el contrario, con el pretexto del “secreto bancario” eludió hablar de la generalizada mortandad de micro, pequeñas y medianas empresas, pero presumió a las más de 40 mil que son apoyadas con el Programa México.

En contrapartida, el Banco de México revisó a la alza sus pronósticos para 2009 y previó una contracción de la economía de entre 6.5 y 7.5 por ciento, tres puntos más de lo que estableció en abril; además de la pérdida de 735 mil empleos formales –a tono con las estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social--, el doble de los creados por el “gobierno del empleo”; mientras que también incurrió en sensacionales descubrimientos: “la elevada dependencia de México del ciclo económico de Estados Unidos”. Ésta es producto de una estrategia deliberada y sin que Banxico hiciera nada para criticarla cuando menos. La apuesta de Guillermo Ortiz Martínez es la misma que predomina en Los Pinos, esperar y recargarse en la recuperación económica de EUA.

El tamaño del desastre económico por “una crisis que viene de fuera”, gritan a los cuatro vientos los gobernantes y sus propagandistas en la televisión duopólica y la radio oligopólica, colocó a la economía mexicana en la misma dimensión que tuvo en el segundo semestre de 2005, lo que implica un retroceso de tres años y medio. Lo anterior de acuerdo al Índice Global de la Actividad Económica.

Por si no fuera suficiente para evidenciar el desastre económico y social de los señores que ocultaron ser “un verdadero peligro para México” --por su ineptitud, abulia y corruptelas--, las remesas de los paisanos que trabajan en forma documentada e indocumentada allende el río Bravo, pasaron a ocupar el primer lugar como fuente de divisas, desplazando por primera vez la exportación de petróleo crudo.

Sólo así se comprende que hasta la Confederación Patronal de la República Mexicana , uno de los puntales para que el grupo gobernante fuera tal, ahora se deslinde y exija un cambio de modelo, como también lo hizo la Confederación de Cámaras Industriales.

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Denuncian corrupción en Bahía de Banderas



Autor: José Reyez

Supuestas irregularidades de la Semarnat y la Profepa, así como del gobernador Ney González Sánchez afectan a residentes de Bahía de Banderas, Nayarit. En la localidad Cruz de Huanacaxtle se erige el complejo inmobiliario Aura Arena Blanca, cuya construcción “ha violentado la normatividad ecológica y urbanística de la zona”, denuncia el abogado Coufal Díaz.

El complejo inmobiliario Aura Arena Blanca, en Bahía de Banderas, Nayarit, provoca daños a la ecología y viola las normas ambientales, de uso del suelo y urbanísticas, denuncia Eric Coufal Díaz, abogado defensor de los residentes afectados. Señala que el gobernador del estado, Ney González Sánchez, ordenó romper en forma ilegal los sellos de clausura de las obras que colocó la Procuraduría de Justicia de la entidad.

El complejo inmobiliario afecta el patrimonio de particulares que fincaron ahí sus residencias, por el impacto que representa la construcción de torres y edificios que amenazan la seguridad de sus inmuebles. Uno de los afectados es Jon Shirley, exvicepresidente de Microsoft, quien advierte que acudirá a instancias internacionales para exponer su caso.

En las denuncias ante autoridades judiciales, Eric Coufal entregó evidencias de las omisiones del gobierno mexicano, que en el caso del desarrollo Aura Arena Blanca constituyen hechos violatorios a las leyes y normas ambientales establecidas en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.

Ante estos hechos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitieron el pasado 15 de julio un comunicado en el cual rechazaron que se haya cometido ecocidio con estas obras.

“Las autorizaciones se refieren exclusivamente a los aspectos ambientales del proyecto y su expedición no exime a los promoventes de obtener los permisos o licencias requeridas por otras dependencias del Ejecutivo federal, o bien por autoridades de otros órdenes de gobierno, conforme a la legislación local que resulte aplicable al tipo de proyecto que se pretende desarrollar”, señalaron.

Cualquier afectación de índole estructural, arquitectónica o urbanística no es responsabilidad de la autoridad ambiental federal, sino de quienes ejecuten las obras de ingeniería que, a juicio de los afectados, constituyen un riesgo para sus intereses y lo que, en su caso, puede ser reclamado en las vías judiciales previstas en la legislación civil, dice el comunicado de ambas dependencias.

En entrevista vía telefónica, el abogado Coufal Díaz señala que la actitud de estas instancias federales resulta por demás sospechosa, ya que en lugar de asumir su responsabilidad para vigilar la correcta aplicación de la legislación ambiental, protegen los intereses de “desarrollistas ecocidas”.

Dice que la autoridad federal otorgó indebidamente los permisos cuando ya se habían consumado los actos de “delincuencia ambiental”, como fue la excavación de más de 25 mil metros cúbicos de tierra. Además, cuestionó el que ambas dependencias no hayan dado respuesta a los recursos de revisión interpuestos desde el 11 de febrero pasado con motivo de dichas autorizaciones y tampoco a la denuncia popular promovida el 18 de ese mismo mes.

Al respecto, la dependencia admite que, en efecto, actualmente se encuentra en trámite ante la Semarnat un recurso de revisión interpuesto contra las autorizaciones otorgadas para el mencionado proyecto, por lo que la delegación en Nayarit realizó una visita de inspección y reportó que no había irregularidades.

Precisa que el 14 de julio personal de la Dirección General de Inspección de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre constató preliminarmente que no existen daños al medio ambiente ni al ecosistema, ya que el desarrollo inmobiliario no se ubica dentro de un Área Natural Protegida ni en zona de manglares. “Tampoco se ha detectado flora y fauna silvestres que hayan sido afectadas o que pudieran serlo”.

Sin embargo, el personal encontró “algunas irregularidades no significativas” que ya fueron notificadas al desarrollador, quien informó a la autoridad haber iniciado su regularización ante la Semarnat.

Fue a finales de 2007 cuando ese grupo inmobiliario, representado por los empresarios Alberto Djaddah Jamous, Ricardo Sarraf Assad, Jacobo Levy Tawil, Rafael Sevilla Arias, Juan Carlos Rodero Godínez, Carlos Pacheco Arredondo, Joseph Liberman Sourasky y Roberto Madrid Jácome, inició el desarrollo Aura Arena Blanca.

Entonces, lanzaron una agresiva campaña de publicidad con montajes ilusionistas donde se contemplaba el proyecto “original” de este complejo inmobiliario, que según los folletos y carteles disponibles representaba un proyecto condominal de baja densidad, aledaño al coto turístico residencial conocido como Real del Mar.

Sin embargo, el proyecto original nunca fue respetado por los empresarios, ya que solicitaron al ayuntamiento de Bahía de Banderas una “ampliación” a la licencia de construcción, y donde, pese a que se violaba el Plan Municipal de Desarrollo vigente y otras reglas aplicables, les otorgaron un nuevo permiso. Técnicamente el proyecto Aura Arena Blanca se encontraba fuera de la ley.

De esta manera, el grupo Anima o Torres Aura comenzó la construcción de un edificio de condominios que estaba proyectado para cuatro niveles y que continuó a ocho y terminó en 10 pisos, con todo y la agresión al entorno natural y a las residencias vecinas, seriamente afectadas en su privacidad e incluso estructuralmente.

También se edificaron dos torres de siete pisos en contravención a lo autorizado; se ejecutaron obras de despalme y excavación sin permiso o licencia por parte de la autoridad municipal y se obstruyeron e invadieron vialidades municipales, entre otros problemas.

La delegación de Semarnat en Nayarit concedió desde abril de 2008 la autorización para el proyecto inmobiliario, el cual fue avalado por el ayuntamiento presidido por el priista Héctor Paniagua Salazar, y que involucra directamente al exalcalde Jaime Cuevas Tello, también del Partido Revolucionario Institucional.

La parte afectada presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Nayarit, instancia que el pasado 7 de julio llevó a cabo la clausura y aseguramiento total de las obras, servicios y actividades de construcción del desarrollo inmobiliario, entre las que figuran las Torres “A” y “B”, además de la suspensión de las licencias de construcción.

Sin embargo, y en desacato a este mandato judicial, trabajadores de la empresa constructora removieron los sellos de clausura y allanaron el inmueble, hechos supuestamente ordenados por el gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, quien “en lugar de velar por el cumplimiento del estado de derecho asume de manera personal la defensa de este grupo de desarrollistas”, dice Coufal Díaz.

El gobernador Ney González Sánchez se limitó a comentar que la controversia por la empresa Aura Arena Blanca “es una disputa entre particulares”. “Estaremos atentos y sensibles a lo que ordene la autoridad en la materia y a lo que resuelva la vía judicial. Hemos ofrecido mesas de trabajo que no han sido del interés de las partes”, adujo.

“Puede que tengan razón en no aceptar, ya que el gobierno de Nayarit no tiene intervención directa en el tema, excepto en las menciones que en medios se hace de la institución a mi cargo. Es un tema en el que tengo una opinión personal. En este caso concreto lo que menos importa es mi opinión personal. Se necesita la opinión de un juez”, enfatizó el mandatario.

La clausura fue un montaje escénico a cargo de la procuraduría nayarita, ya que la agente del Ministerio Público, Elvia Ludmila Heredia Verdugo –quien horas antes había ejecutado el mandato judicial y se encontraba a unos metros del lugar cuando se violaron los sellos–, no impidió el allanamiento, por el contrario, ordenó el retiro de los 20 agentes judiciales para permitir el reinicio de los trabajos de construcción.

Entre los supuestos actos de ilegalidad relacionados con el desarrollo Aura Arena Blanca están las autorizaciones del cambio de uso del suelo y de impacto ambiental por parte de la delegación de la Semarnat, dependencia que fijó a los afectados una fianza de 20.5 millones de pesos para la suspensión de los trabajos.

Para que se haga justicia y se castigue los atropellos cometidos por el “Grupo de Desarrollo Ánima” en la Cruz de Huanacaxtle, se presentaron denuncias y recursos jurídicos federales: el recurso de revisión, interpuesto el 11 de febrero de 2009 ante la delegación de la Semarnat en Tepic, Nayarit; una denuncia popular, el 18 de febrero de 2009, así como el recurso de revisión, interpuesto el 20 de Marzo de 2009 ante la delegación de la Profepa.

Violación al MIA

Contrario a su función de ejecutar la política del Estado de protección ambiental, preservar los recursos naturales, e incidir en las causas que originan la contaminación, la pérdida de ecosistemas y de la biodiversidad, el delegado de Semarnat en Nayarit, Armando Zepeda Carrillo, asume una actitud de protección de los desarrolladores, señala el abogado.

Lo más grave, añade, es que de acuerdo con el oficio 138.01.00.01/1414/08, emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 24 de julio del 2007 les fue negado el dictamen de impacto ambiental presentado a esa dependencia.

Zepeda Carrillo no sancionó a los responsables del desarrollo Aura Arena Blanca, que violaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y que causaron cuantiosos daños a una residencia ubicada en Real del Mar –cuyo valor es de 10 millones de dólares–. Fijó una desproporcionada fianza que asciende a más de 20 millones de pesos como condicionante para suspender las obras que el Grupo Aura construye en esa área.

La ley establece en su artículo 87 facción IV que cuando se solicita la suspensión se debe de decretar una garantía de daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al suspenso, en este caso a los desarrolladores, pero aquí es precisamente una fijación excesiva, onerosa y en contra del particular afectado que es la víctima de los desarrolladores y la autoridad.

El Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit emitió una recomendación para que se inicien acciones contra la extesorera municipal de Bahía de Banderas, María del Carmen Wong, por haber omitido en el envío de la cuenta pública 2007 los comprobantes relacionados con las cuentas del proyecto Aura Arena Blanca, derivado de los permisos, licencias y autorizaciones que les concedieron a los desarrolladores del grupo.

Existen antecedentes en Quintana Roo donde la Profepa ha ordenado demoliciones de construcciones que han incurrido en violaciones graves a las leyes de orden ambiental y urbano o que han invadido zonas de playa o predios de particulares. En Nayarit, los quejosos exigen que se cumpla el estado de derecho, “pisoteado por el ayuntamiento de Bahía de Banderas y la delegación de la Semarnat, principalmente”.

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Calderón, Capacita al Ejército para Reprimir las Luchas Populares



Por Pedro Echeverría V.

1. Los oficiales de alto rango de las agencias civiles, a nivel de secretarías y de ejércitos de Estados Unidos, México, Canadá, Australia y el Reino Unido, realizarán ejercicios de comunicaciones que darán paso a un simulacro, que se iniciará cuando los participantes de los servicios de inteligencia y agencias de la ley de dichos países reciban un reporte ficticio sobre un posible ataque terrorista, el cual deberán evitar. La intención de este ejercicio es conocer cómo se reacciona ante este tipo de situaciones, “y es una oportunidad para que los oficiales de las agencias se comuniquen con sus contrapartes de otros países”, declaró McEntire, del Departamento de Estado. Aunque este curso se realiza cada año, otras decenas de “entrenamientos” reúnen a los militares siempre.

2. La realidad es que este tipo de información es escondida permanentemente como “secreto de Estado”. El personal del ejército mexicano: altos jefes, oficiales y soldados, lleva más de medio siglo asistiendo a escuelas, cuarteles y a entrenamientos llamados “antiterroristas” y “anticomunistas” para cuidar la estabilidad del sistema de explotación capitalista de México y de los EEUU. Y aunque el dirigente chino Mao Tsetung haya dicho alguna vez que “el imperialismo es un gigante con pies de barro” porque en la lucha lo determinante no son las poderosas armas o las estrategias sino el apoyo del pueblo, la realidad es que con esos ejércitos entrenados y bien ideologizados para asesinar, resulta mucho más difícil luchar. Por eso los EEUU no han dejado de impartir cursos, abrir bases militares, firmar pactos y de controlar ejércitos.

3. La realidad es que cuando las masas del pueblo han dicho “¡Basta!” y se ponen en movimiento no hay ejército alguno que las pueda someter. A pesar de las grandes masacres. Pasó en Venezuela en abril de 2002; en Bolivia hace unos años cuando los terratenientes quisieron derrocar al presidente Morales, y esperamos que en Honduras las masas puedan convencer al ejército de no disparar contra sus hermanos indígenas y campesinos. El papel de las masas trabajadores siempre es determinante, como sucedió en México en 1913 cuando después del Golpe de Estado que sufrió Madero por aquel “Pacto de la embajada de los EEUU”, a las pocas semanas la rebelión campesina y en las ciudades se extendió hasta hacer caer el golpista Victoriano Huerta a los pocos meses de estar asesinando al pueblo. El pueblo manda, pero debe organizarse.

4. El último presidente militar que gobernó el país, vía proceso electoral, fue Manuel Ávila Camacho (1940/46) A partir de 1946 los gobiernos han sido civiles, pero ninguno de los 10 presidentes anteriores, hasta es gobierno calderonista, le había dado tal fuerza y tal poder al ejército. Esa mentalidad represora del actual presidente panista es una manifestación ideológica de su partido que -como en los tiempos de Porfirio Díaz y su “Paz, Orden y Progreso”- habla de una “Patria ordenada y generosa”. Por eso desde los primeros días de su gobierno Calderón, horrorizado por las manifestaciones de protesta lópezobradoristas en las calles reclamándole el fraude electoral, decretó un aumento de salarios a todos los miembros del ejército poniéndolos en las calles con el pretexto del combate contra el narcotráfico y a la llamada “delincuencia organizada”.

5. Solo hace algunos meses el gobierno de Calderón se comprometió a engrosar al ejército de la ONU en sus acciones de intervención que practica en otros países. Lo grave es que el ejército de los “cascos azules” interviene casi siempre apoyando a los EEUU y con ello resulta fácil que también México sea un blanco de bombardeo de los países agredidos por los EEUU. La firma de la llamada “Iniciativa Mérida” o Plan México en marzo de 2007 fue un reconocimiento del gobierno yanqui de Bush al gobierno de Calderón porque las cosas se estaban haciendo bien, porque México como su traspatio, estaba cuidando adecuadamente la frontera yanqui. Como pago de esa efectiva e incondicionalidad de México se han comenzado a recibir del gobierno de los EEUU las armas, los helicópteros y todo el instrumental técnico/estratégico de guerra.

6. Da la impresión de que la gente no se entera ni tampoco le importa. Mientras los partidos políticos luchan por tener más legisladores, por ganar comisiones y por lograr más ingresos económicos vía subsidios y salarios; en tanto el pueblo se entretiene en la búsqueda de alguna fuente de ingresos, en defenderse de las agresiones de que es víctima por parte de empresarios y gobierno, el régimen de Calderón avanza en su estrategia “envolvente” dirigida a varias regiones y comunidades indígenas y campesinas considerados peligrosos” por sus antecedentes históricos. Mediante acusaciones de colaborar con el narcotráfico varios pueblos y regiones de Michoacán, Hidalgo, Morelos y Estado de México, que recepcionaron con entusiasmo la “marcha por la tierra” de los zapatistas en 2001, están siendo vigiladas, amenazadas y reprimidas.

7. Pensé que por la “madriza” electoral que dio el PRI al PAN en las elecciones de hace 20 días cambiarían algunas pequeñas cosas: que el PRI pediría (y casi obligaría a Calderón) al retiro del ejército de las calles y que no se volvería a hablar de la aplicación de la carga del IVA a medicinas y alimentos para que comience a recuperarse la confianza ante el gigantesco abstencionismo electoral y las altas manifestaciones del llamado “voto nulo”. Pero no: la realidad es que no sabemos quién deba más a quien entre el PRI y el PAN. Hay gobernadores corruptísimos del PRI como los de Oaxaca, Puebla, Sonora que el PAN apoya y hay acusaciones contra la familia Fox y otros panistas por las que el PRI se hace de “la vista gorda”. Existe desde hace más de 60 años un maridaje por intereses de esos dos partidos y deben apoyarse uno al otro.

8. La llamada delincuencia organizada se organiza a través del Estado mexicano. Los más grandes políticos y los más poderosos empresarios viven junto a los numerosos grupos de traficantes de droga. Como el narco Estado colombiano, en México se ha comprobado que los narcotraficantes se mueven dentro de los jefes del ejército, entre los jerarcas de la iglesia, invierten en negocios empresariales mediante el lavado de dinero, costean campañas de los políticos y penetran en los medios de información. ¿Por qué el gobierno hace tanta propaganda de sus batallas cuando la delincuencia organizada es parte de las mismas instituciones? ¿Será que pretenda el gobierno con el ejército “en combate” justificar los millones de dólares que recibe del gobierno de EEUU y de los empresarios horrorizados por la llamada inseguridad o es la apariencia?

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Calderón Contra la Educación Pública , Laica y Gratuita


Enemigo de la UNAM

Por Pedro Echeverría V.

1. Al mismo tiempo que Calderón se ponía ayer la camiseta del equipo de fútbol de la UNAM con el aplauso de futbolistas, se publicaba que la “decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de que el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no reciba apoyos económicos por no entrar a la reforma en este nivel de estudios, representa una presión para obligar a los centros educativos a aceptar ese proyecto”, afirmó la secretaria de Desarrollo Institucional de la misma UNAM, Rosaura Ruiz. Dijo que es “incorrecta e inaceptable esa decisión porque hay recursos para el bachillerato, que a la universidad le tocan esos recursos esté o no en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)”. La UNAM decidió no participar en dicha reforma porque mantiene una perspectiva diferente sobre lo que debe ser el objetivo central del bachillerato.

2. En la visión de la UNAM , la educación media superior debe preparar a los estudiantes para continuar con sus estudios de licenciatura y de posgrado, mientras que la SEP ha señalado que se requiere gente para el trabajo. Señaló la doctora Ruiz que la universidad considera que todo alumno, de cualquier parte del país y sistema de bachillerato, tiene que contar con una formación integral que incluya conocimientos humanísticos, científicos y artísticos, Dijo: no queremos formar técnicos, aunque un estudiante de la UNAM se puede incorporar como técnico, pero el objetivo no es que ahí se quede… nunca estuvimos de acuerdo con la SEP , porque la UNAM siempre pondrá el énfasis en la formación interdisciplinaria, ya que el bachillerato es la última etapa en donde un alumno adquiere un conocimiento general de todas las disciplinas.

3. El desastre educativo no es por la profunda ignorancia de Calderón o de su secretario de Educación en este campo, sino por los intereses privatizadores que ambos representan como personajes de la derecha y su proyecto de destruir la educación pública. ¿Se recuerda que todos los dirigentes panistas estudiaron en colegios privados? Ni Álvaro Obregón (1920/24) ni López Mateos (1958/64), como presidentes, sabían nada en la materia educativa pero se valieron de Vasconcelos y Torres Bodet, respectivamente, para impulsar enormes proyectos educativos que hicieron historia, tales como la identidad nacional, la alfabetización, las casas del pueblo, el Plan de Once años, los libros gratuitos, etcétera. Hoy, las tareas son distintas pero se requiere criterios que busquen una educación popular profunda y de calidad. Basta con revisar datos internacionales de la OCDE para darnos cuenta de nuestro desastre educativo.

4. Por ese motivo, la defensa de la educación pública, en su carácter de gratuita y laica, es una tarea fundamental del pueblo mexicano ante los permanentes avances del gobierno panista y del empresariado por privatizarla, así como para imponerle un carácter marcadamente religioso. Los funcionarios panistas, en sus discursos, se han visto obligados a decir que respetan la gratuidad y el laicismo porque son principios educativos consagrados en la Constitución ; pero -tal como lo hicieron los gobiernos de De la Madrid , Salinas y Zedillo- no han dejado de instrumentar proyectos tecnológicos y privatizadores en el campo educativo. No puede ser de otra manera ni esperarse otra cosa porque el proyecto calderonista, como se ha dicho, busca crear mano de obra barata.

5. Por ese motivo el panismo en el gobierno, con el total apoyo de la iniciativa privada y los medios de de información, se han dedicado a hacer campañas contra la UNAM por ser “nido de delincuentes” y ponen como ejemplo a los cuatro estudiantes asesinados y a Lucía Morett, herida, por estar en un campamento de las FARC. Los panistas en el congreso aprovechan cualquier oportunidad para desprestigiar a la educación pública, y a la UNAM en particular. Declarar que la UNAM puede ser un semillero de guerrilleros y por tanto, debe llevarse la investigación hasta sus aulas, es su táctica. Todavía hoy en el legislativo, ante el planteamiento de que se vote un apoyo a Lucía contra su extradición, un diputado panista dijo sin bases, que los estudiantes asesinados y Lucía fueron a hacer investigación pero para secuestros, para poner bombas y para asesinar.

6. La educación pública de carácter gratuita y laica ha sufrido muchas agresiones de parte de los sectores privados más retardatarios del país. Desde que la Constitución de 1857 le arrebató el monopolio educativo a la Iglesia , pero mucho más desde que la Revolución Mexicana y los debates del Constituyente la instituyeron en la Carta Magna de 1917. A pesar de los miles de errores que se le pudieron haber criticado en casi siglo y medio de vigencia, a pesar de que la enorme miseria y marginamiento de un sesenta por ciento de la población, así como de la manifiesta incapacidad y dolo de la mayoría de sus más altos funcionarios, fue la educación pública la que abrió de par en par sus puertas para que todo el pueblo mexicano pudiera acceder a ella. La educación pública es del pueblo, mientras que la educación privada ha sido de los sectores privilegiados.

7. En muchos países, sobre todo en los que entraron en primer lugar al modelo de desarrollo capitalista, la educación pública y la educación privada han mantenido equitativo balance a través de muchas décadas. En México, con base en la historia de su desarrollo económico y político, la educación ha tenido que estar bajo el control del Estado porque la burguesía privada creció y se desarrolló a la sombra de las políticas gubernamentales y nunca demostró el menor interés porque la población obtuviera educación. Los sectores privados, a través de la historia, más que educación, sólo se preocuparon por dar capacitación a sus obreros con el fin de incrementar la producción y sus ganancias. Por eso, cuando ha tenido la fuerza para imponer su proyecto educativo han buscado acabar con la educación pública.

8. No debe olvidarse que el PAN, desde el día de su nacimiento en 1939, todos sus principios ideológicos y programáticos han apoyado al sector privado y al mismo tiempo han combatido todo lo público. Al denunciar la doctora Ruiz que la SEP busca imponer por medio de la RIEMS una reforma con un programa para crear mano de obra barata, para preparar técnicos al servicio del capital, está diciendo una gran verdad. Pero también es verdad que se pretende destruir a la UNAM –que en las últimas décadas ha recibido premios internacionales que la hacen figurar entre las 50 universidades más importantes del mundo- para que la educación privada sea el modelo de educación nacional. Por eso los estudiantes y profesores a nivel nacional deben unir sus fuerzas para defender la educación pública, popular, laica y gratuita.

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Durango: megaproyecto de supuesto prestanombres del gobernador


Autor: José Reyez
El gobernador de Durango Ismael Hernández Deras no sólo es “exitoso” en política, también en los negocios. Víctor Sánchez Sariñana –exfuncionario de su administración y su supuesto prestanombres– encabeza un megaproyecto turístico de 6 mil millones de pesos en el Puerto de Mazatlán y sobre el que está pendiente un juicio político en el Congreso local por enriquecimiento ilícito

José Réyez / David Cilia, fotos / enviados

Durango, Durango. El aeropuerto del estado recibe a los visitantes con un anuncio espectacular en el que se observa la playa, las islas características del puerto y unas estrellas de mar con la leyenda “Mazatlán cerca de ti”. El promocional invita a visitar el puerto, ahora que en 2010 la supercarretera unirá a ambas ciudades en sólo dos horas y media (actualmente el recorrido es de seis horas) y será la puerta de entrada del Golfo al Pacífico, a través de la exhuberante Sierra Madre Occidental.

Paralelamente a la construcción de la supercarretera, prósperos empresarios duranguenses, encabezados por Víctor Sánchez Sariñana, un exfuncionario del gobierno de Ismael Hernández Deras y dueño de Inmobiliaria Korean –sobre quien pesa en el Congreso local un juicio político por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones, además de ser señalado como supuesto prestanombres del gobernador– desarrollan un megaproyecto turístico en la zona exclusiva de la Isla de Piedra, Mazatlán, Sinaloa.

Ubicada al sur de Mazatlán, la Isla de Piedra cuenta con 1 mil 600 hectáreas, propiedad de 87 ejidatarios. La empresa Korean utilizaría 2 mil hectáreas para la construcción de hoteles, condominios, departamentos y tiendas de lujo.

El proyecto forma parte del programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (Fipp), el cual supone que los ejidatarios, sin vender sus tierras, se benefician de obras turísticas, inmobiliarias o de otro giro alternativo a la agricultura, de acuerdo con la Procuraduría Agraria.

Sánchez Sariñana ocupó hasta 2007 la coordinación general de Promotora de Proyectos Estratégicos de Durango, conocida como Transformadora Durango, desde donde supuestamente habría desviado recursos públicos para invertirlos en la compra de terrenos en la Isla de Piedra, denuncian diputados locales del Partido de la Revolución Democrática, quienes aseguran que el exfuncionario forma parte de los supuestos prestanombres del gobernador Ismael Hernández Deras.

El empresario constituyó Inmobiliaria Korean en 2000. Desde entonces ha realizado los fraccionamientos más importantes de Durango, entre ellos Loma Dorada Diamante, Brisas Diamante, Haciendas del Campestre, Parque Industrial Korean, Gardenias Privadas Residenciales, dentro del fraccionamiento Colinas del Saltito y Ciudad San Isidro, que actualmente es una reserva de alrededor de 300 hectáreas que incluirán áreas residenciales, industriales, comerciales y de servicios públicos integrales.

Apenas el 29 de junio de 2009, los integrantes de la Unidad Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática denunciaron que está pendiente la realización de un juicio político en contra del extitular de Transformadora Durango, Víctor Sánchez Sariñana.

Mediante un decreto emitido por el gobernador de Durango en el Periódico Oficial el jueves 15 de febrero de 2007, se autorizó la creación de la Transformadora Durango, promotora de proyectos estratégicos, como un organismo auxiliar adscrito al gobierno del estado, “oficina que resultó un fiasco y sólo sirvió para desviar recursos públicos para los proyectos de Sánchez Sariñana, un personaje corrupto de la presente y de todas la administraciones públicas estatales”, dice el legislador local Juan Cruz Martínez, quien precisa que el megaproyecto de inversión turística será de 6 mil millones de pesos en la Isla de la Piedra.

El diputado Cruz Martínez señaló que desde octubre de 2008, en el Congreso del Estado “duerme el sueño de los justos” la iniciativa de acción popular en contra de Sánchez Sariñana, en el cual “fue denunciado por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones”.

Cuando Sariñana, a la sazón expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, renunció bajo presión ciudadana, al año y medio de la creación de Transformadora Durango, había anunciado la conclusión de diversos proyectos “fantasmas” como el Centro de Convenciones, la Ciudad Pecuaria, el Parque Industrial, Parque Vial Norte, Agua Futura, Durango Verde, Planta de Etanol, Ciudad Gobierno, entre otros.

Dijo que debe hacerse justicia y dar trámite al juicio político que está pendiente de ejecutar en el Congreso local en contra de Sánchez Sariñana, lo cual se ve cada vez más lejos, merced al carro completo del PRI en los pasados comicios del 5 de julio, partido al que pertenece el exfuncionario, venido a empresario de altos vuelos.

El legislador se pregunta cómo es posible que un individuo como Sánchez Sariñana se haya enriquecido de la noche a la mañana, no sólo para invertir en la Isla de la Piedra, sino con la adquisición de 1 mil 500 hectáreas en Manzanillo, Colima, cuando su sueldo como funcionario público era de 70 mil pesos mensuales y sólo duro dos años en la administración de Hernández Deras. “Su vida todo el mundo la conoce en Durango, nunca fue un hombre rico”, remata.

El exsecretario de Desarrollo Social, Abraham Moreno, Víctor Sánchez e Ismael Hernández Deras son los propietarios de los fraccionamientos que han surgido por todos lados de la ciudad de Durango, aduce.

El diputado Arturo López Bueno precisa que el proyecto de Ciudad Pecuaria es un caso emblemático de corrupción del gobierno, ya que en 2008 los terrenos del Ejido 27 de Noviembre fueron adquiridos por la constructora a cargo de Félix Sariñana, pariente cercano a Víctor Sánchez, a un precio de “ganga”, y posteriormente fueron vendidos al gobierno del estado a precios estratosféricos.

Los precios fueron incrementados escandalosamente por el ayuntamiento de Durango, a la cabeza del priista y posible sucesor de Hernández Deras, Jorge Herrera Caldera, hasta 5 mil veces, dice el legislador. “Hubo un contubernio entre una cabeza que se dedica a hacer negocios a la sombra del poder público y un ayuntamiento que colaboró a final de cuentas en un negocio jugoso”, advierte.

En entrevista, la secretaria de Turismo del estado, Susana Elosegui, dice que el proyecto de Isla de la Piedra forma parte de los centros turísticos integralmente planeados; empero, no abunda en el tema y dice desconocer lo detalles del mismo.

La Isla de Piedra

Una vez que renunció al gobierno del estado bajo la presión social, Sánchez Sariñana se dedicó a promover megaproyectos fuera del estado. El más vistoso es La Isla de la Piedra, cuya primera etapa de 125 hectáreas está en proceso de negociación y regularización de los predios ante el Registro Agrario Nacional, dice con desenfado Santos Carrizales Cabrera, miembro del colectivo propietario de los terrenos.

Salvo dos personas que se oponen al proyecto, el desarrollo tendrá una extensión de 2 mil hectáreas y 13 kilómetros de playa, y contaría con la marina más grande de Latinoamérica, los restantes 85 ejidatarios están de acuerdo en participar como inversionistas del megadesarrollo. ¿Por qué no, si podemos salir de la miseria y ser parte del nuevo desarrollo?, dice Carrizales, el único que habla con los reporteros, pues ni el presidente del Comisariado Ejidal ni el tesorero accedieron a ello, “para no entorpecer las negociaciones”.

Negociaciones que Sánchez Sariñana lleva en forma cautelosa. Primero, hace un año, por la reticencia de los dueños de las parcelas a deshacerse de su patrimonio; luego, por la oposición interna que al final se redujo a dos labriegos; finalmente, como estrategia de penetración, el expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Durango “prestó”, a cuenta de su participación, 8 millones de pesos, unos 25 mil pesos mensuales a cada ejidatario durante los últimos dos meses, o bien, quien así lo prefiere recibe una camioneta último modelo.

Así es como el empresario ha penetrado la comunidad, asentada en la mejor zona de Mazatlán, distante apenas a 10 minutos del aeropuerto, vecina de la Apis, en una zona completamente virgen, y en donde el turismo de gran altura –la zona dorada de Mazatlán sería cosa del pasado– sentaría sus reales como el mejor centro de esparcimiento de playa del puerto, sólo para el gran turismo internacional y del país, al estilo del primer mundo.

Como gesto de que la cosa va en serio, Víctor Sánchez regaló 100 mil pesos a cada uno de los 85 campesinos el 7 de noviembre pasado, el Día del Ejidatario. En las negociaciones –cada mes acude al ejido personalmente o envía un operador a convencer a los labriegos de las bondades del megaproyecto– ha ofrecido 100 dólares por metro cuadrado, lo que representa 125 millones de dólares por las 125 hectáreas iniciales. Pero los ejidatarios están más interesados en ser socios del complejo turístico y recibir casas o condominios.

Miguel Carrizales, presidente de la Unión de Pescadores de La Isla de la Piedra, dice que desde hace tiempo varios inversionistas han querido comprar las tierras ejidales, lo mismo de México que del extranjero; sin embargo, recuerda que no ha sido posible porque si bien prometen mucho dinero, a la hora de la hora la gente teme ser víctima de engaños y traiciones.

Regularización territorial

La Procuraduría Agraria confirma que la Isla de la Piedra se encuentra en proceso de desincorporación para que las tierras puedan ser utilizadas por la inmobiliaria Korean, mediante convenios con los ejidatarios a quienes se les pagará un parte en dinero y la otra en departamentos del mismo desarrollo, explica.

La Procuraduría Agraria dice que se trata de un proyecto que se realizará a través del Fipp que promueve la dependencia. “Está en proceso el proyecto turístico en la Isla de la Piedra donde también se va a incorporar a los ejidatarios; no van a vender la tierra, sino que van a ser parte del proyecto y van a tener un beneficio de las edificaciones que se den”, expuso.

Advierte que para evitar conflictos se establecen acuerdos precisos, con sustento en el marco jurídico, pues la dependencia está obligada analizar las negociaciones para evitar que los campesinos resulten perjudicados. Se trabaja en el esquema de asociación y en la revisión del proyecto, a efecto de evitar que haya mayores complicaciones.

Según la Procuraduría Agraria, en México el 75 por ciento de las playas, el 80 por ciento de los bosques y el 74 por ciento de la biodiversidad se encuentran dentro de propiedades ejidales. Sólo el 5 por ciento de estas tierras están en conflicto, porque el 95 por ciento “ya ha sido regularizado y ofrece certeza jurídica a los inversionistas”. Con el Fipp, a escala nacional, se han generado 1 mil 620 millones de pesos en beneficio de los comuneros que entraron en el esquema de asociación en 2008. En el mismo esquema entrarían los ejidatarios de Isla de Piedra.

Jorge Abel López Sánchez, alcalde de Mazatlán, dice que el proyecto colocará al puerto como un destino internacional, complementario con la construcción del Centro Integralmente Planeado que hará el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el pueblo de Teacapán.

“Se trata de un proyecto de varios millones de dólares de inversión en donde un conglomerado de empresarios de la Comarca Lagunera y del Grupo Hydra participan”.

Confirma que las negociaciones entre los inversionistas y el ejido van avanzadas.

“Hasta ahora los empresarios han ofrecido dinero para la adquisición de hectáreas. Los ejidatarios son buenos negociadores con la venta de sus terrenos y han sido muy cuidadosos”. Dice que debido a esta “megainversión” ya gestiona la carretera y un nuevo puente para garantizar a los desarrollos turísticos un acceso moderno y de calidad.

La Isla de la Piedra albergará un desarrollo turístico de gran envergadura: una nueva ciudad turística, muy similar al Centro Integralmente Planeado proyectado por Fonatur para Teacapán, confirmó Víctor Sánchez Sariñana, director general de la Inmobiliaria Korean, que representa a 180 inversionistas de Durango y otras entidades del país.

Mazatlán de primer nivel: Sariñana

Se espera que para fines de 2009 se encuentren regularizadas las propiedades de los ejidatarios ante el Registro Agrario Nacional. “Mazatlán tiene todas las características para ser un puerto de primer nivel, como Cancún y Puerto Vallarta. Mazatlán tiene todas las características para ser un desarrollo superior a Cancún”, dijo Sánchez Sariñana durante una entrevista en la inauguración de la Feria de Durango.

El proyecto ejecutivo se desarrollará en dos o tres años, para avanzar en el desarrollo de las 2 mil hectáreas dentro de 20 o 25 años. “Ya se convenció al ejido de la conveniencia de pasar de un estado ejidal a un estado privado. Lo haremos poco a poco, por etapas”, dijo. “Al ejidatario no se le despojará de tierras. No lo haremos empresario, pero lo haremos inversionista”, señaló. Sobre el hotel que se podría construir en Isla de la Piedra el próximo año, dice que se encuentra en anteproyecto.

Sin embargo, Óscar Díaz, encargado del proyecto de la Isla de la Piedra del grupo Korean, dice en entrevista que aún no hay nada concreto, pues se encuentra en la fase de estudios y de elaboración del concepto general, regularización del ejido y certificación de las tierras ante las autoridades agrarias.

Díaz niega a pregunta expresa que Víctor Sánchez sea prestanombres del gobernador Ismael Hernández en las inversiones de Mazatlán. Los únicos inversionistas y administradores en el proyecto son el ingeniero Víctor y otro socio, no hay nadie más, afirma.

Se trata de desarrollar un proyecto integral que culmine con la playa en Mazatlán, a través del corredor turístico de la Sierra Madre Occidental, el ecoturismo y otros desarrollos, concluye.

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