Ana Lilia Pérez
El costo social que para el Grupo México representó la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos no mermó sus multimillonarias ganancias: numerosas concesiones para la explotación minera en todo el país le fueron entregadas por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón después de la tragedia
En vísperas de ser enjuiciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la tragedia de Pasta de Conchos, el gobierno de Felipe Calderón ha comprometido con el Grupo México de Germán Larrea 73 concesiones para la explotación de minas, propiedad de la nación, en 13 entidades del país para los próximos 50 años.
A 40 meses del derrumbe en la Mina Ocho que sepultó a 65 trabajadores de Industrial Minera México, SA (IMMSA), filial del Grupo México, sería la primera vez que se juzgue al Estado mexicano por sus vínculos con una trasnacional; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón no parece estar dispuesto a obligar a la empresa a rescatar los cuerpos de los mineros, principal reclamo de los deudos.
En el caso de Pasta de Conchos que se discutirá en la CIDH, ya en marzo pasado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó la responsabilidad del Estado en las 65 muertes, por solapar las inseguras condiciones con las que desde hace varias décadas el corporativo opera la explotación del complejo minero de carbón.
Los amigos de Marta
En medio de la tragedia, el 21 de febrero de 2006, dos días después del derrumbe en Pasta de Conchos, la Secretaría de Economía (SE) otorgó la concesión 227114 para explotar la mina Chalchihuites, Zacatecas, de mayo de 2006 a mayo de 2056. Entonces, tres altos ejecutivos de Grupo México, Valentín Diez Morodo, Francico Javier Soni Ocampo y Gilberto Perezalonso Cifuentes, eran también integrantes de la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún, con cargos de asociado honorario, comisario suplente, y miembro del Comité de Vigilancia, respectivamente.
En mayo, el Grupo México recibió las concesiones 227216 y 227217 para explotar por 50 años las minas El Rey I y El Indio I, en Huajicori, Nayarit. En junio obtuvo nueve concesiones para las minas El Indio Fracción I, El Indio Fracción II, El Indio 2 y El Indio 3, en Huajicori, Nayarit; para las minas Mixteca, en San Marcos Arteaga, y Mixteca I en San Juan Numi, Oaxaca; y para las minas La Fe 12, Nueva Rosita 6 y Nueva Rosita 3, en San Juan de Sabinas, Coahuila, es decir, estos últimos, predios aledaños a Pasta de Conchos.
En agosto recibió la concesión 227851 para explotar la mina El Capiro, en Taxco de Alarcón, Guerrero. En septiembre, la 227960 para La Noria, en General Pánfilo Natera, Zacatecas.
En octubre, cuando ya en toda la región carbonífera de Coahuila se oían los reclamos contra la empresa que se negaba a sacar los cuerpos de la mina, el gobierno federal le otorgó la concesión 228219 para la mina Nueva Rosita 18, en el municipio de Múzquiz, Coahuila. Ese mismo mes obtuvo la concesión 228255 para la mina Rosario II, en Rosario, Sinaloa; y la concesión para la mina San Antonio 5, en Aquiles Serdán, Chihuahua.
En noviembre, las concesiones 228325 para la mina Abrego 10, en Guadalcázar, San Luis Potosí, y la 228478 para la Nueva Rosita 5, en San Juan de Sabinas.
Año de bonanza
Si la administración de Vicente Fox fue generosa con Larrea, la de Calderón superó sus expectativas. Aunque en 2007 la SE decretó la suspensión definitiva de las operaciones en Pasta de Conchos, ese mismo año Grupo México recibió 30 nuevas concesiones para explotar las minas en Coahuila, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas y Nayarit.
En febrero recibió las concesiones 228925 y 228976 para las minas Nueva Rosita 16, en Progreso Coahuila, y Corima, en General Trias, en Chihuahua. En marzo la 229144 para la mina Nueva Rosita 10, en Abasolo, Coahuila. En mayo la concesión para las minas Unificación y El Llano 2, en San Luis Potosí; y Tenantla, en Eduardo Neri, Guerrero. Un mes después para otro lote de la mina Unificación.
En agosto, las minas Unificación Tetipac 14 y Unificación La Odisea 7, en Guerrero; y en Zacatecas las minas Unificación Chalchihuites 1, Chalchihuites 2, Chalchihuites 3, Chalchiuites 5, y Unificación Tetipac 13. En Coahuila, las minas Nueva Rosita 2, Nueva Rosita 11 Nueva Rosita 12, Nueva Rosita 13 y Nueva Rosita 15. Un mes después, la concesión 230641 para la mina San Rafael, en San Luis Potosí.
En octubre, las minas Ahualulco 3, Ahualulco 3 fracción 1, El llano 1 y El llano 3, en San Luis Potosí. En Zacatecas, las minas Ojocaliente, Unificación Chipinque 18, Unificación Chipinque 19 y Unificación Chipinque 20. En noviembre, las minas Unificación Minas 11 y Unificación Las Pilas 3 en Rosamorada, Nayarit; y Nueva Rosita 14, en Progreso, Coahuila.
En 2008, cuando Grupo México era juzgado por la OIT, Calderón autorizó 23 concesiones más para la explotación de minas de zinc, carbón, cobre, oro y plata en siete entidades del país. Ese año, Germán Larrea entró a la lista de Forbes como el tercer mexicano más rico. Obtuvo concesiones para las minas de Zacatecas: Unificación Chepinque 16, Unificación Chalchihuites 6, Unificación Chalchihuites 7, Unificación Chalchihuites 8, Unifiación Chalchihuites 9, Unificación Chalchihuites 11, Unificación Chalchihuites 13, Chipinque 21, El Brinco y Mi Nueve.
En San Luis Potosí: Unificación Pedernal 18, Unificación Pedernal 19, Unificación Pedernal 20, Unificación Pedernal 21. En Michoacán: las concesiones 231821 y 231987 para dos predios mineros denominados Unificación Angangueo. En Sonora la Soncar 6 y Soncar 7; en Coahuila, la Nueva Rosita 8; en Nayarit, la Unificación Minas 12; en Durango, la mina Astillero.
En este año ha recibido 18 concesiones para explotar las minas zacatecanas: Unificación Peñón Blanco 1, Unificación Peñón Blanco 2, Unificación Peñón Blanco 3, Unificación Peñón Blanco 4, Unificación Milagros 11, Unificación Milagros 15 y Sombrerete 6. Además, la Unión Ábrego 11, Unificación Ábrego 12, Unificación Ahualulco 4, Unificación Ahualulco 5, Unificación El Llano 4 y la Unificación El Llano 5, en San Luis Potosí.
En Coahuila, la mina La Guadalupana fracción 1; En Durango, la mina El Portento, así como un segundo predio de la Socar 6; la mina Los Arrastres, en San Felipe, Guanajuato; y la mina Unificación San Diego 4, en Michoacán.
Pasta de Conchos, millonario yacimiento
Pasando por alto la suspensión de la SE, recientemente Grupo México tomó posesión de Pasta de Conchos, yacimiento valuado en 200 millones de dólares, mediante una maniobra que operó su asesor Rogelio Montenayor Seguy, principal protagonista del Pemexgate en tiempos de Fox, exdirector general de Petróleos Mexicanos y exgobernador de Coahuila.
La operación de Montemayor consistió en armar la supuesta venta de los activos en Pasta de Conchos, a través de una invitación a diversos corporativos mexicanos y extranjeros. El concurso estuvo plagado de incongruencias, como lo fue el resultado final, cuando se anunció a la familia Montemayor como la ganadora en la compra de la planta lavadora de carbón, uno de los activos principales del complejo minero.
En la región carbonífera se conocía a la famila Montemayor como transportista y no en el ámbito de la explotación minera. Dada la relación de Montemayor Seguy con Larrea, se desataron rumores de que la venta era una simulación para ocupar de nuevo Pasta de Conchos.
El 17 de marzo de 2009, los Montemayor constituyeron la firma Industrial de Carbón Signum, SA, PI, de, CV, en la que aparecen como accionistas los hermanos Rogelio Javier y Salvador Juan Montemayor García, hijos de Montemayor Seguy.
En medio de un operativo policiaco, que involucró a más de 200 elementos de la policía estatal y ministerial de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Acuña y Sabinas, el pasado 31 de julio los representantes de Montemayor Seguy tomaron posesión de Pasta de Conchos y se propusieron echar a andar la planta en los próximos días.
Cristina Auerbach, representante legal de los deudos de los mineros, asegura que Grupo México y la empresa de los Montemayor violaron el decreto federal de la SE, que prohíbe todo trabajo o actividad minera en Pasta de Conchos por las condiciones de inseguridad, e invalida la transacción mercantil entre IMMSA y Signum.
Recuerda que actualmente la concesión de IMMSA para explotar Pasta de Conchos está en litigio y el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa podría revocar la concesión, según el expediente 8409.
Industrial de Carbón Signum es una empresa que sólo opera en el papel, es decir, no tiene infraestructura alguna. Está domiciliada en el número 205 de la calle Nicolás Jiménez, en la popular colonia El Seis, en Nueva Rosita, en la planta alta de la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno del estado, justo al lado de las instalaciones del Grupo México en Sabinas.
El obispo de Coahuila Raúl Vera denuncia que la relación contractual entre IMMSA y Signum fue una simulación para tomar posesión de la mina. “De pronto aparece Rogelio Montemayor que dizque compró la lavadora, pero él es un embajador del Grupo México para recuperar nuevamente el territorio”.
Javier Martínez Valadés, delegado regional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, confirma que los Montemayor carecen de registro para la explotación del sector minero.
Fortuna solicitó a Grupo México que explicara las condiciones en las que se dio la transacción con Montemayor, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Por su parte, el secretario Gerardo Ruiz Mateos se negó a emitir su posición respecto de la violación a la suspensión de operaciones en Pasta de Conchos por parte de Larrea y Montemayor.
Las prácticas del Grupo México tienen hoy al empresario Germán Larrea bajo la lupa de la Organización de las Naciones Unidas, que a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tomó en sus manos el caso Pasta de Conchos, expuesto en septiembre pasado por las viudas, en Ginebra, Suiza, sede del organismo.
Grupo México, descalabro internacional
La irregular y cuestionada conducta corporativa de Grupo México derivó en la reciente sentencia de un juez de Brownsville que condenó al consorcio que preside Germán Larrea a restituir a los accionistas de la empresa estadunidense American Smelthing and Refining Company (Asarco), exfilial de GM, sus acciones en la firma peruana Southern Copper.
La pugna se origina en 1999, cuando el Grupo México, mediante su filial American Mining Corporation, adquirió la legendaria minera estadunidense Asarco, fundada en 1899 en Tucson, Arizona. Larrea tomó el control total de la compañía, que tenía una participación accionaria en la peruana Southern Cooper Corporation, una de las principales productoras de cobre del mundo.
Mediante una oscura adquisición, en 2003 la American Mining Company se hizo de todo el control de la peruana, a la que denominó Southern Perú Cooper.
Bajo la administración de Larrea, Asarco se declaró en bancarrota, acogiéndose al capítulo XI de la Ley de Quiebras por un adeudo 3 mil millones de dólares que acumuló en multas ambientales. El juez Daniel Tellechea, de Corpus Christi, Texas, quien declaró la quiebra, dividió la empresa en tres partes: una para el gobierno de Estados Unidos, otra para Grupo México, y otra para los accionistas minoritarios. Pero los accionistas emprendieron un juicio contra la mexicana por la supuesta venta fraudulenta de la Southern a un precio mucho menor al real.
Los accionistas acusaron a Larrea de “conspiración fraudulenta”. Después de varios años de litigio, el juez condenó a Grupo México a restituirles sus acciones y a pagarles los daños provocados por el despojo y los intereses que éste generó. (ALP)
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